Los MENA en Europa: presupuestos, migración y desafíos demográficos

En las ciudades como Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria, la llegada constante de menores extranjeros no acompañados (MENA) plantea un desafío no sólo social, sino también tecnológico. En el corazón de esta problemática, se encuentra un obstáculo silencioso: la obligación legal de registrar y compartir los documentos de identidad de cada persona alojada con la policía nacional. ¿Qué ocurre entonces cuando un menor no puede presentar un DNI o un pasaporte válido?

Para los jóvenes en situación administrativa irregular, esta exigencia convierte el simple hecho de dormir bajo techo en una carrera de obstáculos. Por miedo a ser expulsados o detenidos, muchos evitan el sistema formal de alojamiento y caen en redes informales, a menudo inseguras o abusivas. Esta realidad plantea una pregunta ética urgente: ¿cómo podemos garantizar el derecho a un alojamiento digno sin vulnerar la intimidad ni reforzar la exclusión digital?

El laberinto legal de la hospitalidad formal

En España, la ley obliga a los establecimientos de alojamiento —desde grandes hoteles hasta albergues juveniles o casas rurales— a registrar y transmitir los datos personales de cada huésped a la Policía Nacional. Esto incluye el número de documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) y la nacionalidad. Si bien esta práctica busca garantizar la seguridad pública, genera un efecto excluyente para quienes no pueden presentar documentación válida, como ocurre con muchos menores no acompañados (MENA) recién llegados.

En Sevilla, por ejemplo, varios responsables de asociaciones denuncian que jóvenes migrantes sin papeles evitan los espacios de alojamiento convencionales por miedo a ser denunciados. Lo mismo ocurre en Las Palmas de Gran Canaria, donde la saturación de los centros de acogida y la presión administrativa empujan a muchos menores a buscar refugio en casas ocupadas o redes informales, más expuestas al abuso y la explotación.

Los establecimientos turísticos o residenciales se encuentran entonces en una encrucijada: ¿cómo cumplir la normativa sin reforzar la exclusión social? ¿Existe un margen de maniobra para una hospitalidad ética, sin consecuencias legales? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero merecen ser planteadas.

La trampa digital: cuando el RGPD no protege a los más vulnerables

En la era digital, la mayoría de los procesos de reserva, check-in y gestión de huéspedes están automatizados. Las plataformas recogen datos como el número de documento, la nacionalidad, el motivo del viaje y, a menudo, la tarjeta de crédito. Este sistema agiliza la gestión para los profesionales del turismo, pero plantea una barrera invisible para los jóvenes migrantes que no disponen de documentación oficial.

Aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) protege la privacidad de los ciudadanos europeos, su aplicación no siempre garantiza los derechos de las personas en situación administrativa irregular, especialmente los menores no acompañados (MENA). Muchos de estos jóvenes temen ser rastreados, geolocalizados o identificados a través de sistemas digitales, lo cual les empuja a evitar alojamientos regulados, incluso cuando hay plazas disponibles.

En Las Palmas de Gran Canaria, varios casos recientes muestran cómo algunos MENA han intentado alojarse con identidades prestadas, exponiéndose a sanciones o expulsiones. En Sevilla, asociaciones locales informan de menores que prefieren dormir al raso antes que entregar sus datos a un sistema que no comprenden y que perciben como hostil.

El diseño mismo de muchas herramientas digitales —formularios que no permiten dejar campos vacíos, validaciones automáticas, escaneos de documentos obligatorios— actúa como una trampa algorítmica: lo que no se ajusta al estándar simplemente queda fuera. Así, el riesgo de trazabilidad digital no es solo una cuestión técnica, sino una cuestión ética y política, especialmente cuando afecta a niños y adolescentes sin red familiar ni apoyo legal.

Propuestas desde la ESS y la inclusión digital

Frente a esta exclusión sistémica, la economía social y solidaria (ESS) propone una vía alternativa: pensar el alojamiento y la gestión digital no desde la eficiencia empresarial, sino desde el derecho al refugio y la dignidad humana.

Algunas asociaciones en Andalucía y Canarias están comenzando a colaborar con actores del turismo social para redefinir los protocolos de acogida. Entre las propuestas más relevantes:

• Diseño ético de las herramientas digitales: desarrollar formularios de check-in y sistemas de reserva que contemplen la opción de "documentación pendiente" o "situación administrativa por regularizar". Esto permitiría alojar temporalmente a jóvenes sin vulnerar la ley, en coordinación con entidades sociales o servicios públicos.

• Formación del personal hostelero en derechos humanos, protección de menores y acogida ética. En muchas ocasiones, el desconocimiento genera temor a sanciones o bloqueos administrativos, cuando en realidad hay márgenes de interpretación para una hospitalidad más inclusiva.

• Protocolos híbridos en alojamientos solidarios: algunos albergues de Sevilla y Las Palmas han comenzado a trabajar con sistemas mixtos donde los datos sensibles son recolectados manualmente, sin digitalización inmediata, para ofrecer refugios temporales humanitarios sin alimentar bases de datos interinstitucionales.

• Asesoría en comunicación y marketing con valores: en lugar de ocultar estas prácticas, algunas organizaciones eligen comunicarlas con orgullo, mostrando que la acogida responsable es parte de su identidad de marca. Esta postura no solo fortalece su legitimidad social, sino que también les permite captar nuevos públicos sensibles a las causas humanitarias.

Estas iniciativas, todavía marginales, muestran que otra gestión digital es posible, una que combine legalidad, ética y solidaridad. Pero para generalizarse, requieren apoyo técnico, voluntad política y una transformación profunda del imaginario del alojamiento turístico: del cliente al huésped, del huésped al ser humano.